Legal Implications of Act 22 of 2012: Criticisms, Proposals for Repeal and its Impact in Puerto Rico

La Ley 22 de 2012, conocida como la “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, fue promulgada con el objetivo de atraer a individuos de alto poder adquisitivo mediante exenciones contributivas significativas. Sin embargo, desde su implementación, esta legislación ha sido objeto de debates y controversias en cuanto a sus beneficios y repercusiones en la economía y sociedad puertorriqueña.

Beneficios y objetivos de la Ley 22

La Ley 22 ofrece a individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico en los últimos 15 años una exención total del pago de contribuciones sobre ingresos pasivos generados por sus inversiones, incluyendo intereses, dividendos y ganancias de capital. El propósito es incentivar a estos inversionistas a establecer su residencia en la isla, con la expectativa de que su presencia impulse la economía local a través de la adquisición de bienes y servicios.

Críticas y propuestas de derogación

A pesar de las intenciones detrás de la Ley 22, ha enfrentado críticas por sus efectos en la sociedad puertorriqueña:

• Desplazamiento de comunidades locales: Se ha señalado que la llegada de inversionistas ha contribuido al aumento en los precios de bienes raíces, resultando en el desplazamiento de residentes locales. Por ejemplo, en el barrio de Puerta de Tierra, se ha observado un acelerado desplazamiento de residentes debido a la llegada de beneficiarios de la Ley 22.

• Beneficios económicos cuestionados: Algunos estudios indican que el impacto económico de la Ley 22 ha sido moderado, cuestionando si los beneficios fiscales otorgados se traducen en un desarrollo económico sostenible para Puerto Rico.

En respuesta a estas preocupaciones, se han presentado propuestas legislativas para derogar la Ley 22. Por ejemplo, en julio de 2021, la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño presentó el Proyecto del Senado 40, que propone la derogación de las Leyes 20 y 22.

Impacto en la economía y sociedad puertorriqueña

La implementación de la Ley 22 ha tenido diversas repercusiones:

• Creación de empleos: Según datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), en los primeros cuatro años y medio de vigencia de las Leyes 20 y 22, se crearon más de 36,200 empleos directos, indirectos e inducidos, y se generaron inversiones que superan los $2,500 millones.

• Aumento en precios de bienes raíces: La llegada de inversionistas ha elevado los precios de propiedades en ciertas áreas, dificultando el acceso a viviendas asequibles para los residentes locales.

• Percepción de inequidad fiscal: La exención contributiva para inversionistas ha generado percepciones de desigualdad, al otorgar beneficios fiscales a individuos de alto poder adquisitivo mientras la población general enfrenta cargas contributivas.

Posición del gobierno y sectores económicos

El gobierno de Puerto Rico ha defendido la continuidad de la Ley 22, argumentando que su derogación podría crear un “limbo jurídico” y afectar la fiscalización de los decretos existentes. El DDEC ha expresado su oposición a la eliminación de la ley, enfatizando la necesidad de mejorar la fiscalización para aumentar su rendimiento.

Conclusión

La Ley 22 de 2012 ha sido un instrumento controversial en la estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico. Si bien ha atraído a inversionistas y generado empleos, también ha suscitado críticas por sus efectos sociales y económicos. Es esencial evaluar de manera integral sus implicaciones y considerar reformas que equilibren la atracción de inversiones con la protección de los intereses de la población local.

Nevares Cancel abogados se mantiene al tanto de los desarrollos legales relacionados con la Ley 22 y está disponible para asesorar a individuos y empresas sobre sus implicaciones y oportunidades. Si requiere orientación legal en este ámbito, no dude en contactarnos.